Por Edmundo Jarquín - El 15 de noviembre de 2008, a raíz del fraude en las elecciones municipales, escribí y dije en este programa: “…no hay dos Ortegas. El Ortega que no respeta las libertades políticas, y el Ortega que va a respetar las libertades económicas”.
Hacíamos la reflexión anterior porque para entonces ya era visible el modelo de corporativismo autoritario del Orteguismo, y percibíamos que sectores empresariales eran arrastrados por el espejismo ofrecido por Ortega de conformidad con el cual se puede hacer negocios indefinidamente, mientras no se interfiera en los asuntos políticos del gobernante.
Concluíamos la reflexión indicando que en algún momento ese espejismo se acabaría, porque “los círculos empresariales que han crecido a la sombra de Ortega, se van a apalancar en el poder político para deslealmente desplazarlos (a los otros) de las oportunidades de negocios”.
En algún momento de la lucha contra Somoza, escribí sobre la naturaleza “Sultanística” de su régimen. Aplicaba la categoría del famoso científico social alemán del siglo XX, Max Weber, que estudió los regímenes políticos que denominó Sultanísticos, siendo éstos regímenes premodernos, gobernados por un Sultán, en el cual hay una confusión total entre los intereses del Sultanato, es decir de la sociedad, y los intereses particulares del Sultán y su familia.
Nunca me imaginé, como seguramente tampoco lo imaginaron los que dejaron su vida en la insurrección y después en la guerra civil, ambos bandos luchando por lo que eran sus principios y valores, que semejante sacrificio sería para que se reeditara una versión ampliada y más aguda del “Sultanismo”, que solamente ofrece un horizonte de confrontación política e ineficiencia económica, con su secuela de pobreza y atraso.
Estado de derecho y libertad económica
El caso en cuestión me lleva a un tema relacionado: el Estado de Derecho.
Un amigo me decía que la oposición fallaba porque se mantenía en un tipo de reivindicación, como el Estado de Derecho, que resulta lejano y ajeno a las preocupaciones inmediatas de la gente.
Cierta razón tiene el amigo que así argumenta porque hasta ahora las demandas de Estado de Derecho han estado, y por razones también entendibles, más vinculadas a temas eminentemente políticos, como las elecciones, las personerías de los partidos políticos, y la defensa de los derechos humanos, en especial los vinculados a libertades individuales.
Pero es el caso que el Estado de Derecho atraviesa toda la vida de la sociedad, incluyendo temas como los derechos de propiedad, la seguridad jurídica de los contratos, la neutralidad partidaria de las políticas públicas, y consecuentemente está vinculado a las inversiones, el empleo y la pobreza. Es decir, que exista o no el Estado de Derecho, importa, y mucho, para la vida cotidiana de todos los nicaragüenses.
Es muy popular la expresión que la eficiencia de una economía de mercado, en términos de productividad, creación de empleos y crecimiento económico, requiere que la “mano invisible” del mercado sea balanceada por la “mano visible” del Estado, porque, como ha quedado en evidencia con los excesos de desregulación del conservadurismo llamado neoliberalismo, los mercados no se corrigen por sí solos. Es decir, la libertad económica no solamente es compatible con el papel del gobierno, sino que se requieren acciones eficientes de los gobierno para que la libertad económica de unos no conduzca a excesos que perjudiquen a muchos, como está ocurriendo con algunos aspectos, los financieros principalmente, de la crisis internacional que se desencadenó a mediados del 2007.
Pero no habrá papel del gobierno eficiente sin Estado de Derecho, porque cuando la voluntad del gobernante y su círculo prevalecen sobre las leyes, el poder del gobierno no se utiliza para promover una mayor eficiencia del mercado sino un mayor enriquecimiento de los gobernantes. Es lo que está ocurriendo en Nicaragua.
Entonces, la lucha por la democracia y para establecer un Estado de Derecho Democrático es una exigencia ética, desde el punto de vista de las libertades humanas, pero también es una exigencia técnica desde el punto de vista del desarrollo y la lucha contra la pobreza.
El retiro de la cooperación de Alemania
El anuncio, en la semana que termina, del retiro de una parte de la cooperación de Alemania, y por razones inequívocamente asociadas a las irregularidades en el reciente proceso electoral, subraya otra de las consecuencias económicas negativas del progresivo deterioro democrático.
Según cifras publicadas con tal motivo, la cooperación de un grupo de países europeos pasó de 167 millones de dólares en 2009 a 52 millones en 2010. Es decir, una merma de 115 millones.
En sí misma, esa es una cifra considerable, pero que al gobierno puede resultarle prescindible en medio del festín de la cooperación venezolana que se aproxima a los 500 millones anuales. Recientemente recordábamos que uno de los aspectos más dañinos del papel de Chávez en Nicaragua es que ha dado a Ortega una gran autonomía en relación a la condicionalidad democrática de países como los europeos. Ortega ha podido prescindir de esa cooperación, sin mayores consecuencias macroeconómicas a corto plazo, no importando el daño que se hace al país, y dentro del país a quienes más necesitan de esa cooperación, que son los pobres.
El gobierno toma a la ligera lo que está ocurriendo con la cooperación bilateral, pero el daño al país es inmenso. Restablecer esa cooperación no es cosa de un día para otro, y cuando la cooperación de Chávez termine nos habremos quedado, como popularmente se dice, sin “Beatriz y sin retrato”.
Pero hay otro aspecto. La cooperación de países como los europeos normalmente está vinculada a proyectos y normas de uso que garantizan una mayor incidencia en términos del desarrollo sostenible, y por tanto en términos del beneficio efectivo y duradero para los nicaragüenses. No ocurre lo mismo con la francachela que hay con parte importante de la cooperación venezolana.
Aunque en medio de esa francachela no se vean los efectos a corto y mediano plazo del retiro de la cooperación de países como Alemania, sus consecuencias son enormes, y resulta difícil entender la irresponsabilidad con la cual frente a tal caso actúan las autoridades económicas del gobierno, encargadas del mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos a largo plazo, y el descuido con el cual tratan el tema las instituciones financieras internacionales, también responsables de prestar atención al asunto.
